|
 Una Cámara ratificó la constitucionalidad de la ley 9.445 y saldó la disputa entre inmobiliarios y martilleros.
Aquellos profesionales que no estén colegiados no están autorizados a cobrar comisión, advierte el CPCPI
La Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley 9445 que colegió a la actividad de los corredores a partir de 2007 y selló un enfrentamiento que lleva cuatro años entre este sector y los martilleros, obligando a 1.500 profesionales a matricularse como inmobiliarios.
La norma dictada el 28 de noviembre de 2007 marcó el nacimiento del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPCPI), obligando a todos los operadores dedicados a la ompra y venta de inmuebles a matricularse.
La norma desató la reacción del Colegio de Martilleros, que hasta ese momento reunía a la mayor parte de los operadores.
Esta institución interpuso en 2008 un amparo en un juzgado de Villa María, argumentando que la norma era inconstitucional ya que la Provincia no podía adjudicarse el poder de crear un colegio profesional, lo que permitió la coexistencia de ambas instituciones como representativas del sector.
La Cámara de Villa María, presidida por Juan María Olcese, ratificó ayer la constitucionalidad de la ley 9445, lo cual zanja el conflicto en favor del CPCPI como entidad en la que los operadores deben inscribirse (si es que los martilleros no acuden al Tribunal Superior de Justicia como última instancia) por entender que es la Provincia la autoridad con poder para regular la actividad de los colegios profesionales.
Consecuencias
El fallo de la Cámara no sólo resuelve sobre una disputa sectorial. También marca consecuencias para el mercado del ladrillo y para quienes compran, venden e alquilan.
Se estima que el mercado inmobiliario provincial está conformado por dos mil profesionales. El CPCPI tiene aproximadamente 500 afiliados; el Colegio de Martilleros cuenta con otros 1.200 profesionales que, si quieren seguir dedicándose al corretaje, deberían colegiarse en la nueva entidad, mientras que quedan otros 200 a 300 operadores que deberán encuadrarse.
El fallo recuerda que la ley nacional 25028 diferencia la actividad de los martilleros y los corredores inmobiliarios y que los operadores que se dedican al corretaje están obligada a colegiarse.
Según advierte el presidente del CPCPI, Edgardo Calás, esto implica que una persona que compra, vende o alquila un inmueble no está obligada a pagar un honorario o comisión si este operador no está colegiado.
“Un corredor que no tiene la oblea ley 9445 CPCPI es como un médico o un abogado que actúa sin matrícula profesional”, advierte el ejecutivo.
Además, destaca el presidente del CPCPI, “la matriculación también brinda beneficios para los clientes, ya que ofrece una fianza por mala praxis que sirve de garantía al público ante alguna acción que lo perjudique”.
|
